Sospechas de corrupción – Tras casi 5 meses de parate, el martes hacen la prueba virtual para ver si pueden retomar el juicio con Cristina Kirchner.

Es la causa por el direccionamiento de la obra pública. Las audiencias se frenaron primero por el Covid y luego por justificaciones técnicas.

Cristina Kirchner, en una de las primeras audiencias en el el juicio por la obra pública.

Fuente: Clarin 15.07.2020

Después de cuatro cartas remitidas al Consejo de la Magistratura, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) obtuvo una fecha para realizar la primera prueba piloto en la que buscará corroborar si la plataforma virtual es segura y estable para reanudar las audiencias en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública. El testeo técnico en la causa que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner -más otros 15 imputados- se hará el 21 de julio.

La decisión llega después de un polémico debate respecto a las imposibilidades técnicas que adujo el Consejo de la Magistratura para la realización de grandes juicios de forma virtual. Además, el órgano responsable de manejar los fondos del Poder Judicial -presidido por Alberto Lugones- había asegurado que había un extenso listado de causas que contaba con prioridad, antes de la que involucra a la ex presidenta. 

La causa, que llevan adelante los jueces Jorg Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, tiene imputada a Cristina como jefa de una supuesta asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar contratos de obra pública vial a favor del empresario Lázaro Báez, amigo y socio de los Kirchner. Esto se materializó en 51 licitaciones por 46.000 millones pesos en 12 años de administración K.

El juicio comenzó hace un año, y quedó suspendido en marzo raíz de la pandemia del Covid19, razón por la cual el fiscal ante el Tribunal, Diego Luciani, había solicitado que se reanuden las audiencias de forma virtual. Esto tuvo una primera respuesta de la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, donde se señaló que por el momento no estaban dadas las condiciones técnicas para realizar un juicio de esa envergadura: 16 imputados y mínimo unas 50 personas conectadas.

Ahora, según la resolución a la que accedió Clarín, el Consejo proporcionó el sistema al TOF 2 a través del cual podrá realizare el juicio bajo la modalidad semipresencial. La propuesta de reanudar de esta manera, fue aceptada por la ex presidenta pero cuestionada por Báez y los ex funcionarios Julio De Vido, Carlos Kirchner, José López, entre otros. Sin embargo, al analizar la situación, los jueces decidieron retomar el caso.

La audiencia de prueba se realizará el martes próximo a las 15. Todos los involucrados deberán cumplimentar algunos pasos previos y se probará la estabilidad de la plataforma que proporciona el Consejo de la Magistratura. «Se habrá de realizar una prueba técnica en las condiciones establecidas el pasado 23 de junio. Esto es, el Tribunal y su Actuario lo harán de forma presencial en la Sala B y el resto de los intervinientes actuarán de modo remoto a través del sistema de videoconferencia asignado por el Consejo de la Magistratura», sostiene la resolución a la que accedió Clarín.

De todos modos, se especula con que podría no ser la única prueba técnica: el TOF 4 que juzga a Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K, tuvo que realizar tres testeos para resolver diversos problemas técnicos hasta poder garantizar la realización del juicio de forma online.

El juicio se realizará de forma semipresencial, dicha metodología de un juicio que combinara a los jueces en la sala de audiencias en Comodoro Py, con otras personas que estarán de forma remota. El TOF 2 explicó que en la sala sólo estarán, además de los jueces, «el actuario y la persona que se encuentre convocada a prestar declaración testimonial, y la totalidad de las partes y demás participantes habituales del debate lo harán a través del sistema de videoconferencia que a esos efectos proveerá el Consejo de la Magistratura».

Con la reanudación del debate oral se continuará con las declaraciones testimoniales. Será el turno entonces, de Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) denunciante en este caso. Fue él quien presentó una auditoría que arrojó que más del 78% de los contratos volcados a la provincia de Santa Cruz, fueron concedidos al Grupo Austral, y que dichas adjudicaciones «estaban plagadas de irregularidades, que hubo direccionamiento, sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se concluyeron».

El caso del presunto direccionamiento de las 51 licitaciones a favor de Lázaro Báez se posicionó -tras una resolución judicial-, en el delito precedente de otras operaciones de lavado de dinero que involucran a Lázaro Báez (Ruta del dinero K), y a la familia Kirchner (Los Sauces y Hotesur). En este juicio, el Gobierno integra la querella a través de la Oficina Anticorrupción (OA).

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